Carlos Díaz estaba viendo las noticias cuando la solución de un problema que lo ha perseguido durante toda una década salió al aire en la emisión de la noche.
Diez años antes, un oficial detuvo a Díaz por un faro roto. Y lo que empezó como una parada de tráfico rutinaria se intensificó a dos pruebas de sobriedad--las cuales Díaz pasó.
Luego, los oficiales pidieron buscar su vehículo. Díaz obligó, seguro de que no tenía nada que ocultar. Pero sin que Díaz lo supiera, el extremo de un porro quemado estaba en silencio bajo su asiento de pasajero.
No hizo falta mucho para los oficiales para encontrar los restos del cigarrillo de marihuana en su Mazda Miata de dos puertas. Y poco después, fue escoltado a la comisaría de policía más cercana y acusado con un delito menor por posesión de parafernalia.
El cargo se aferró a Díaz durante una década, impregnando cada entrevista de trabajo y la oportunidad nueva en la que se zambulló durante este tiempo.
Pero en abril, como el ancla dictó claramente en la pantalla de televisión, un dispensario en Phoenix estaba organizando una clínica legal gratuita para esos con condenas eliminables por marihuana, y Diaz estaba entre los elegibles.
Seis meses después la venta de marihuana recreativa tomaba efecto en enero, los tribunales rodaron un proceso permitido para aquellos con cargos de marihuana pendientes o pasados un camino hacia una eliminación completa.
Los tribunales empezaron a aceptar peticiones en principios de julio, y los grupos de apoyo se mudaron para ayudar a la gente eligible para navegar el proceso de eliminación de antecedentes penales.
Pero a pesar de sus esfuerzos, defensores dicen que el formato opt-in dificulta el acceso a las personas que más necesitan la eliminación de los antecedentes penales, y las diferencias en la opinión legal a través de las fronteras del condado aún posee obstáculos significativos para un récord limpio.
Fundamentos de la Eliminación de la Marihuana
Votantes pasaron el Smart and Safe Arizona Act, un ley legalizando marihuana recreativa, en el noviembre de 2020. La iniciativa, comúnmente conocida como Proposición 207, incluyó una provisión que permite a cualquier persona con una acusación de posesión, consumación o transportación menos de 2,5 onzas de marihuana, seis plantas marihuanas o cualquier parafernalia relacionada con la oportunidad de empezar de nuevo.
Solicitantes pueden proveer sus informaciones, solicitar el tribunal y si tiene éxito, ver la acusación desaparece completamente, un tipo de expurgación no vista anteriormente en el sistema legal de Arizona. Antes del paso de Proposición 207, las condenas sólo podían ser anuladas, lo que significa que la acusación sigue apareciendo en los registros, pero restablece los derechos civiles.
Expurgación garantizó por el paso de Proposición 207 se reintroduce derechos civiles, como votando, sirviendo en un jurado y poseyendo un arma de fuego, y disipa muchas de las cargas que conlleva una condena por un delito menor o un delito grave de marihuana.
May Tiwamangkala, un organizador de la justicia penal para Puente Human Rights Movement, una organización de defensa y un miembro de la Arizona Marijuana Expungement Coalition, fue detenida mientras estaba en libertad condicional en 2015.
Oficiales reservaron el derecho para buscar el coche, y una vez que lo hicieron encontraron una pequeña cantidad de marihuana. La acusación extiendió la libertad condicional de Tiwamangkala por cuatro años y resultó en multas y sanciones adicionales.
Para Tiwamangkala y para la mayoría, una acusación de marihuana complica la obtención de empleo, vivienda de calidad, ayuda financiera y ciudadanía.
Y las condenas por marihuana históricamente golpean a las comunidades más desatendidas y estadísticamente sesgadas basado en la raza.
Los cargos por posesión de marihuana aparecen históricamente en las razones principales para deportación. E incluso con la eliminación total de los cargos, éstos siguen teniendo peso en los tribunales de inmigración y pueden ser utilizados como arma contra los que no son ciudadanos.
Un informe por el American Civil Liberties Union encontró que los negros y hispanos que procesaron por la Maricopa County Attorney’s Office tienen penas de cárcel más largas para posesión de marihuana que sus contrapartes blancos.
Tiwamangkala espera que las mismas disparidades en detenciones se trasladarán a la expurgación. Por el trabajo con Puente, Tiwamangkala espera expurgar sus propios informes y ayudar a otros que impactaron por la criminalización de la marihuana.
Diaz fue a uno de los primeros centros de asistencia jurídica gratuita organizadas por NORML y Minorities for Medical Marijuana en abril, y también fue uno de los primeros a mandar su petición cuando el tribunal empezó a aceptarlas a principios de julio.
Y el proceso era relativamente sencillo, Diaz dijo. Él rellenó su formulario de petición e incluyó su nombre, dirección, fecha de nacimiento, correo electrónico, nombre de la agencia de seguridad que involucró en su detención y su número de caso.
Luego, él envió la petición al tribunal. Y el 8 de agosto, 28 días laborables después, él recibió un correo electrónico notificando su expulsión.
“Estaba fuera de mí,” dijo Diaz. “yo había estado llevando esta cosa conmigo por diez años.”
Complicaciones con Expurgación
Diaz vio un gran cambio en su petición, otros no están tan suertudos.
Interpretaciones divergentes de la ley de expurgo han empezado a complicar lo que se pretendía a ser un proceso rápido y fácil.
En virtud de la ley de cancelación de antecedentes penales, personas con acusaciones de menos de 2,5 onzas son elegibles. Pero la cantidad de marihuana en posesión de una persona en el momento de cada detención es una figura incomún en el reporte de policía.
Esto hace que los fiscales del condado y los tribunales tengan que decidir sobre una serie de casos en los que no se sabe si una persona es realmente elegible para la eliminación de los antecedentes penales.
En el condado de Maricopa, los tribunales han concedido más de 3.500 expurgaciones hasta ahora y han objetado a 19. Abogados y defensores que ayudan en el proceso de eliminación de los antecedentes penales dicen que muchos no incluyen la cantidad en el informe, pero se aprobaron de todos modos haciendo la ley más indulgente.
Pero en julio, el condado de Pima se pronunció que sin la cantidad indicada, o la evidencia que la acusación implicó menos de 2,5 onzas, el tribunal debe emitir una objeción y enviar la petición a una audiencia, haciéndola más difícil conseguir la eliminación de los registros.
Según Julie Gunnigle, directora de política en NORML y ex candidata a fiscal del condado de Maricopa, esta fue una “sentencia de pesadilla” que complica aún más un proceso que ella cree en primer lugar es problemático.
Gunnigle es de la opinión que el proceso de la expurgación no debería haber sido un proceso en absoluto. En cambio, debería haber sido universal y automático, que ella recaló en su oferta para el abogado del condado.
Ella cree que el sistema de opt-in plantea obstáculos innecesarios para el borrón y cuenta nueva.
Coaliciones y los grupos de ayuda legal
Clínicas jurídicas gratuitas están tratando de llenar el vacío. Y a medida que van ganando adeptos en todo el estado, defensores esperan a aumentar el acceso, educación y ayuda legal cuando se trata del proceso de petición.
Es gratis para submitir una petición. Y en virtud de una disposición en Proposición 207, el estado asignó una beca de $4 millones que eventualmente concedió a la Arizona Marijuana Expungement Coalition, una colección de ocho grupos de legales, defensores y educativos, para proveer los servicios legales gratuitos y accesibles.
Entre los ocho está el Post-Conviction Clinic en el Sandra Day O’Connor College of Law en ASU. Estudiantes que están involucrados en el programa típicamente investigan reclamos de condenas injustas, pero este año, el enfoque es en las expurgaciones de la marihuana
Randal McDonald, abogado supervisor del programa, dijo que planean ayudar a correr la voz, asistir con las expulsiones y abordar los casos más complicados a medida que surjan.
McDonald espera algunos casos como Gunnigle mencionó-- donde la cantidad de marihuana no está en la lista, o los casos donde la acusación ocurrió hace décadas. Pero algunos casos, él piensa, pueden estar más allá de los límites de la expectativa.
“Anticipo que nosotros encontraremos algunos problemas que nosotros nunca hemos imaginado,” dijo McDonald.
Y cuando lo inimaginable entre al juego, los estudiantes se encargarán de comunicarse con los clientes, de investigar su caso y de comparecer ante del tribunal en virtud de la regla 39 de 2013 para litigar pro bono.
“Hay mucha zona gris,” dijo McDonald. “Pues, yo creo que va a haber muchas cuestiones discutibles en las que podemos intervenir".
ASU es parte de una asociación más amplia con otros programas legales y educativos en todo el estado.
Otros miembros de la coalición incluyen el Arizona Justice Project, D.N.A People’s Legal Services, Southern Arizona Legal Aid, Puente Human Rights Movement, the Arizona American Friends Service Committee, Community Legal Services y el UofA James E. Rogers College of Law Civil Rights Restoration Clinic.
La coalición planea lanzar el programa en fuerza total el 1 de septiembre y la esperanza conjunta es difundir la palabra sobre expurgaciones y conseguir que se borren tantos registros como sea posible.
Diaz adoptó una misión personal similar.
Desde su eliminación, Díaz habló con un puñado de periodistas de la televisión, el radio y la prensa escrita para difundir el proceso y los beneficios que puede aportar.
"Por suerte, escuché el mensaje ese día, vi el programa", dijo Díaz, refiriéndose al segmento en las noticias de la noche, "Es sólo una de esas cosas en las que va a tomar la exposición para que la gente se dé cuenta".
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Kiera Riley is a managing editor at State Press Magazine. She also interns at the politics desk for the Arizona Republic
